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Los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, llevan un par de años reclamando la reforma de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral por su excesiva rigidez. La exigencia de someter a control posterior las acciones formativas está provocando que el 20% de las cuotas que cada año aportan las empresas para formación queden sin cubrir, según señala a eE Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT.