Leer aquí la noticia completa publicada por la siguiente fuente

El magistrado, en sus conclusiones presentadas ayer, destaca que las Directivas de comercio electrónico y de servicios exponen, respectivamente, una serie de motivos en los que sí sería posible establecer un régimen de autorizaciones previas. Por ejemplo, que los servicios sujetos a estos permisos (digitales o no) sean «equivalentes» económicamente o que estén justificados por «razones imperiosas de interés general».