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La evolución económica prevista para los próximos trimestres, unida a la actual política económica del Gobierno Sánchez-Iglesias, aboca a España a una nueva etapa próxima de austeridad que devuelva al sector público a la senda de la estabilidad presupuestaria y el control de la Deuda Pública, dando cumplimiento al principio constitucional establecido en 2011 mediante la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española, gracias al cual se pudo salvar un rescate total de España pero no evitó un rescate parcial en 2012 al provocar el Gobierno Rajoy la quiebra de las cajas de ahorros fusionadas.