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El Estado contará con una participación de entorno al 14% en CaixaBank-Bankia, de acuerdo con las primeras valoraciones de la negociación que se está ultimando estos días. Un porcentaje que el Gobierno tendrá que desinvertir en el corto y medio plazo, según las exigencias de Bruselas. El periodo, que se ha ampliado en dos ocasiones, fija ahora como límite diciembre de 2021.