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España aplica la fiscalidad más severa de Europa a sus operadores de telecomunicaciones con 17 figuras impositivas diferentes, entre las generales y las propias del sector, tanto de ámbito estatal, autonómico como local. De esa forma, el listado de compromisos con las distintas administraciones está formado por el Impuesto sobre Sociedades; el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Tasa General de Operadores; la tasa de telecomunicaciones; la tasa por numeración, dirección y denominación; la Tasa por reserva del dominio radioeléctrico; las tasas propias de licitaciones de espectro mediante concursos y subastas; las aportaciones para financiación televisión pública; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas; el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; la tributación local especial (régimen voluntario – Telefónica); el Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Bienes Inmuebles; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas; el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.