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La defensa del presidente Torra, el abogado Gonzalo Boye, en la vista de casación en el Tribunal Supremo ha alegado que incumplir un mandato de la Junta Electoral Central (JEC) no es un delito y que el juicio al líder catalán por no retirar una pancarta es un acto político y lo enmarca en la persecución de la «minoría nacional catalana».