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El gobierno considera que el Partido Popular está fuera de la Constitución porque no asume el mandato de pactar la renovación de los órganos institucionales pendientes de actualizar, como el Consejo General del Poder Judicial. Pero con la otra mano veta la presencia del Rey en un acto del mismo Poder Judicial pese a que la Carta Magna es clarísima al establecer en su artículo 117 que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados”.