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La dificultad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para acceder a las licitaciones públicas ha obligado a Moncloa a revisar la Ley de Contratación Pública. El Gobierno quiere así eliminar los complejos requisitos, basados en criterios de transparencia, que introdujo la reforma de la normativa de marzo del año 2018, para acceder a un contrato público. La normativa tumbó a los pequeños licitadores.