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La instrucción publicada este martes por la Fiscalía General para dar «inmediatez» a los desalojos de viviendas de particulares ocupadas olvida el lastre que supone para la inversión inmobiliaria la ocupación ilegal al no extender la petición del desalojo cautelar al supuesto de la usurpación de inmuebles que pertenezcan a bancos o fondos.