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La gran industria recela del mecanismo propuesto por el Gobierno para sustituir a la interrumpibilidad, suprimida este año por exigencias de Bruselas: cree que «es demasiado abierto y genera mucha incertidumbre» sobre unos resultados económicos que prevé muy escasos, descarta que esté listo a corto plazo, y lo considera «nada atractivo». Los agregadores de demanda se suman al rechazo -en el que también se cuentan las las eléctricas-, y denuncian que «le falta base legal» y que «adolece de incoherencia».