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Con unas perspectivas de solicitud de concurso de acreedores superiores a las 40.000 empresas como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, cuando la mayor demanda de procedimientos llegó a los 9.500 en 2013, existe preocupación por la regulación que el Gobierno está ultimando para adaptar la legislación a la de la Unión Europea.