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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso ayer sobre la mesa un estado de alarma de seis meses de duración y de gestión conjunta con las comunidades. De momento, solo tiene garantizados los primeros 15 días, para los que no hace falta el apoyo del Congreso si no únicamente informar a la Cámara baja de la decisión tomada por el Consejo de Ministros. Pero su extensión sí dependerá del aval parlamentario.