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La pugna política ha vuelto a dejar de lado la seguridad jurídica, la irretroactividad, la jerarquía normativa y la constitucionalidad de las normas que se aprueban. Desde la declaración del estado de alarma hemos asistido a una sucesión de imposiciones normativas por parte del Gobierno de Sánchez, que incumplían cualquier rigor jurídico. Hemos visto que con órdenes ministeriales se han corregido leyes y se han dispuesto medidas que limitaban derechos fundamentales con simples resoluciones emitidas por secretarios de Estado. Mucho hemos escrito sobre ello en estos pasados meses.